POR UNA MINERÍA RESPETUOSA DEL AMBIENTE
Y DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES LOCALES
POR UNA MINERÍA AL SERVICIO DE UNA ESTRATEGIA SOSTENIBLE E INCLUSIVA DE CONSTRUCCIÓN DEL BUEN VIVIR
La minería fujimorista no va más
La resistencia ciudadana a la minería actual y la conflictividad social, los debates regionales e internacionales sobre el agotamiento del extractivismo neoliberal y el inminente impacto de la crisis internacional en el país, han puesto en la agenda pública la necesidad de revisar de manera sustancial las condiciones en las que se hace minería en el Perú.
Ollanta Humala heredó una minería con alta conflictividad medioambiental, social y política, pero cabe mencionar que en estos primeros 12 meses de gobierno los conflictos sociales –y sobre todos los que enfrentan a poblaciones, empresas y gobierno en torno a proyectos extractivos- siguen creciendo. Y frente a ellos se insiste en la represión como respuesta principal.
Como resultado, son ya 17 los muertos en lo que va del Gobierno del Presidente Humala, 16 de ellos responsabilidad del Gabinete Valdés y 5 de ellos en Celendín y Bambamarca. Esta situación -especialmente la resistencia popular al proyecto Mina Conga- ha obligado al presidente Humala a anunciar que una Comisión Multisectorial encabezada por el presidente del Consejo de Ministros Valdés, con el ministro Pulgar Vidal como Secretario Técnico, deberá plantear antes de 28 de Julio las políticas y las normas para dar inicio a una “nueva minería” en el Perú.
Cabe señalar que los conflictos en torno a industrias extractivas no son un fenómeno exclusivo del Perú y están fuertemente presentes en casi toda América Latina, América del Norte, Asia y África: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala en un reciente informe que el 40% de los conflictos internos que se producen en los países, tienen su origen en temas vinculados a la explotación de recursos naturales, principalmente a la actividad minera. Además, hace algunos años el propio Banco Mundial realizó una revisión crítica de sus políticas de apoyo a las industrias extractivas.
Alimentado por los conflictos sociales, en diversos países ha surgido un debate sobre las consecuencias del agotamiento del extractivismo, tanto en su rol de soporte económico y político del neoliberalismo, como en los límites del llamado neoextrativismo: su variante nacionalista redistributiva.
Constatamos que no es viable insistir en una apuesta por crecimiento y bienestar basada en la privatización de los recursos naturales para su explotación intensiva por grandes empresas internacionales. Pero también resulta evidente que la nacionalización de la renta o la estatización de las industrias extractivas como tales, no responden a varios de los problemas de fondo planteados por la creciente dependencia de nuestros países respecto de la venta de materias primas y las consecuencias que esta opción tiene para la propia sostenibilidad del crecimiento, así como para la protección del ambiente y el respeto de los derechos de las poblaciones. Como resultado, se ha abierto en la región el debate sobre la necesidad de formular un conjunto de políticas públicas que permitan una transición hacia escenarios económicos, políticos y productivos post-extractivistas, en los que nuestra economía, nuestro mercado de trabajo, nuestra sociedad y nuestra política dependan cada día menos de la exportación de materias primas. Hablar de post-extractivismo no quiere decir en ningún caso que se proponga “ningún tipo de actividad extractiva” o “cero extractivismo”. Se trata más bien de definir políticas públicas que generen nuevos equilibrios económicos, sociales y ambientales.
Con una economía como la de América del Norte que permanece en cuidados intensivos, con una Europa que se precipita a una aguda recesión, con varios de sus países en proceso de quiebra, y con China y la India que bajan sus tasas de crecimiento, comenzamos ahora a vivir las consecuencias de una economía tremendamente dependiente del sector primario exportador heredado entre otros de Fujimori, Toledo y García, pero que el gobierno del presidente Humala ha decidido mantener. Sin mercado interno y con una integración regional a la deriva, la recesión mundial ya nos está golpeando directamente y es un factor adicional que abona a la necesidad de revisar la estrategia de un crecimiento dependiente de la extracción y exportación de minerales y otras materias primas.
Por supuesto, el extractivismo no se reduce a la minería, sino que es una estrategia que también abarca a la actividad petrolera y gasífera, la pesquera y la forestal, y los monocultivos destinados a la agroexportación. En todos los casos, ha primado el afán de lucro de las grandes empresas nacionales e internacionales y el afán rentista del Estado, por encima del cuidado del ambiente, la protección de los derechos de las poblaciones vecinas a estas actividades, la inclusión social y el planeamiento sostenible de mediano y largo plazo.
De la misma manera, consideramos que los problemas causados por la minería informal e ilegal merecen un tratamiento específico, porque causan igual o peor daño ambiental y afectan en muchos casos de manera irreversible la salud de las personas que se dedican a esta actividad, con consecuencias sociales dramáticas: trabajo infantil, prostitución y trata de personas, mafias, blanqueo de recursos del narcotráfico, corrupción, uso de sustancias tóxicas, entre otros aspectos.
Desde Tierra y Libertad y la Central Unitaria de Trabajadores hemos expresado nuestro apoyo a la iniciativa gubernamental de enfrentar la problemática de la minería ilegal al mismo tiempo que hemos señalado las limitaciones de su enfoque y su manejo de corto plazo. Desde Tierra y Libertad y Central Unitaria de Trabajadores estamos también trabajando opciones integrales de política pública frente a este tipo de minería y frente al extractivismo en los otros sectores de la economía antes mencionados. En su momento saldremos con propuestas específicas sobre estos temas.
Es en respuesta a los conflictos en curso y al anuncio presidencial de nueva reglas de juego para una“nueva minería”, que presentamos ahora nuestras propuestas:
Es necesaria una alternativa integral frente a la minería
Desde Tierra y Libertad y la Central Unitaria de Trabajadores hemos venido sosteniendo desde hace meses y años que los daños ambientales y los conflictos sociales que la minería viene generando son el resultado de una estrategia de crecimiento económico que lo apuesta todo a la inversión minera. Y también de un marco institucional obsoleto, centralista, insuficiente y autoritario, que le da todas las capacidades de decisión al Ministerio de Energía y Minas, ignorando que en nuestro país existe un Ministerio del Ambiente y existen Gobiernos Regionales y Locales que tendrían que participar en las decisiones sobre el proceso de expansión de la actividad minera: grande, mediana y pequeña.
Esta visión del desarrollo y ese diseño institucional son en lo básico una herencia del fujimorismo de los 90, que ni Alejandro Toledo ni Alan García cambiaron y que el presidente Humala ha mantenido tal cual, a cambio de una modesta contribución adicional de los empresarios mineros que ni siquiera es lo que inicialmente se anunció.
Esta visión del desarrollo y este diseño institucional están en crisis, no dan más y tienen que cambiar. La minería no puede ignorar las consideraciones básicas ambientales y no puede imponerse sobre la gente y sus autoridades!
Los aportes de Tierra y Libertad y la Central Unitaria de Trabajadores al diseño de una nueva minería en el Perú
La realización de las actividades mineras debe estar condicionada al respeto de 5 principios fundamentales:
· El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para asegurar el cuidado del medio ambiente garantizando que las siguientes generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales renovables que hoy tenemos a nuestra disposición.
· La afirmación de los derechos de las poblaciones directamente impactadas de tener voz y voto en las decisiones sobre grandes proyectos mineros que impactan sobre sus territorios, sus vidas y sus futuras generaciones.
· El fortalecimiento de la descentralización, con la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales y Locales para participar en la toma de decisiones sobre grandes proyectos mineros que impactan sobre sus territorios.
· El cuidado de la salud macroeconómica del país, la generación de empleo en base a la transformación progresiva del actual modelo primario exportador, la industrialización sostenible de la economía y la apuesta por el Buen Vivir.
· La transparencia y la rendición de cuentas.
El cuidado del ambiente
· Solución a los pasivos ambientales que hemos heredado de la actividad minera hecha en los años y décadas previas y que son fuente permanente de contaminación de las aguas y de las tierras, y de impactos negativos en la salud de las personas especialmente de las más pobres.
· Definir una gestión ambiental que sea transectorial. En la medida que el país apostó por la creación del Ministerio del Ambiente el año 2008, consideramos clave fortalecerlo, transfiriéndole la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la conducción de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) así como proveer los recursos necesarios para fortalecer la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
· Definir los estándares y límites permisibles ambientales de acuerdo a los mejores estándares internacionales y reconociendo las especificidades de nuestro territorio y ecosistemas; revisar el contenido de los EIA para hacerlos más exigentes y revisar sus procedimientos para que sea el Estado y no las empresas interesadas quienes los contraten; e introducir otras herramientas como la evaluación ambiental estratégica (EAE) para observar y evaluar el impacto acumulativo de los diferentes proyectos mineros, de infraestructura y otros, que se realizan en un mismo territorio.
· Legislar sobre el agua como derecho humano, la protección estricta de las cabeceras de cuenca, el uso del mercurio y cianuro y la defensa de la empresa pública proveedora de agua, que diversas organizaciones sociales y políticas venimos promoviendo mediante una iniciativa legislativa.
· Aprobar una Ley de Ordenamiento Territorial que defina con toda claridad los roles del Ministerio del Ambiente y de los Gobiernos Regionales y Locales y de la población en los procesos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y de Ordenamiento Territorial (OT). Se necesita de estas herramientas para establecer con toda claridad en donde sí y en donde no y con qué características se puede hacer qué tipo de minería en el país con criterios básicos de planificación.
· Redefinir la lógica y el momento de las concesiones mineras. Las concesiones deben darse solamente en las zonas en las que la ZEE y el OT y el Plan Concertado de Desarrollo (PCD) y la consulta previa consideran que puede haber minería. Y estas no deben seguirse dando en respuesta a una simple petición del interesado, sino que deben resultar de una negociación y un contrato con inversiones en plazos pactados entre la empresa interesada y el Estado, para evitar la entrega de concesiones para fines especulativos.
· Implementar de manera efectiva y eficiente el sistema judicial ambiental, con jueces, fiscales y policía ecológica capacitada, a prueba de corrupción, con suficientes recursos y a nivel nacional para investigar y sancionar los delitos ecológicos.
La afirmación de los derechos de las poblaciones
· Declarar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas como zonas de protección estricta donde el derecho de las comunidades debe ser respetado.
· Revisar los procedimientos de las audiencias sobre los EIA e introducir mecanismos para una participación ciudadana que sea oportuna e informada.
· Concordar con las organizaciones indígenas las modificaciones necesarias a la Ley y reglamento de consulta previa para poner en práctica las consultas sobre los proyectos mineros de manera que no se burle o debilite el mandato del Convenio 169 de la OIT.
· Asegurar la participación de las poblaciones y la incorporación de los saberes locales en los procesos de zonificación y ordenamiento territorial así como del diseño e implementación de las estrategias de mitigación del cambio climático.
· Sancionar a los responsables directos y políticos de las muertes ocurridas durante las protestas sociales asumiendo la responsabilidad estatal de reparaciones a las víctimas.
El fortalecimiento de la descentralización
· Fortalecer la institucionalidad democrática que representan los gobiernos regionales, provinciales y distritales, generando sinergias entre las instancias nacionales de gobierno y las subnacionales.
· Construir autoridades ambientales en las regiones que propicien el complemento entre las facultades y competencias que tiene el MINAM y las que tienen los gobiernos regionales fortaleciendo las comisiones ambientales regionales y locales (las CAR y CAL respectivamente).
· Transferir competencias a los Gobiernos Regionales y Locales para que participen, de manera compartida con el MINAM, en la evaluación y aprobación de los EIA y las EAE, en la gestión de la ANA y en la gestión de la OEFA.
· Establecer con toda claridad las competencias normativas y ejecutivas de los Gobiernos Regionales y Locales en los procesos de ZEE y OT.
· Establecer con toda claridad las competencias de los Gobiernos Regionales y Locales en la implementación de las consultas nacionales sobre proyectos mineros que impactan en sus territorios, revisando para ese fin la Ley de Consulta y su Reglamento.
El cuidado de la salud macroeconómica del país y rol de laminería en la generación de empleo y la construcción del Buen Vivir
· Revisar los acuerdos llegados con las empresas mineras en septiembre de 2011 (impuesto extraordinario, gravamen voluntario, revisión de las tasas regalías), incrementando su aporte adicional a un porcentaje efectivo y significativo de las sobreganancias obtenidas en los años anteriores.
· Establecer que este aporte adicional, como lo fue antes el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, se financie con las ganancias de las empresas después de haber pagado regalías e impuestos, no como ahora que los aportes adicionales se descuentan como costos deducibles del impuesto a la renta.
· Planificar el ritmo de las inversiones en función de la estabilidad monetaria del país y no solamente en función de la rentabilidad de las empresas, para evitar la actual distorsión del tipo de cambio que castiga a los otros sectores exportadores que tienen sus costos en soles pero que reciben dólares que pierden valor (la denominada “enfermedad holandesa”).
· Planificar el ritmo de las inversiones en función de la sostenibilidad social y ambiental del país para evitar los impactos acumulativos y no en función de la rentabilidad de las empresas.
· Implementar una agresiva política de incremento del contenido local de las inversiones mineras, para que la mayor cantidad posible de bienes y servicios sean provistos por proveedores locales y regionales, incrementando así la cantidad de valor que se queda en las localidades y regiones donde se realiza la actividad y evitando economías de enclave.
· Implementar una agresiva política de diversificación económica para evitar nuestra creciente dependencia fiscal y exportadora respecto de los metales y otros commodities.
· Aprobar e implementar el Plan Nacional de Trabajo Decente, en sus cuatro ejes: empleo productivo, derechos laborales, prevención y seguridad social y dialogo social (un compromiso pendiente del Estado peruano ante la OIT y la comunidad internacional). Y en ese marco elaborar, aprobar e implementar el Plan Nacional y los Planes Regionales de Trabajo Decente en la Minería.
· Promover e implementar políticas públicas de promoción del empleo, con enfoque de desarrollo sustentable, trabajo decente y dialogo social en todo el país, con énfasis en las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de la actividad minería.
· Promover desarrollo regional e implementar políticas de inversión pública en educación, salud, infraestructura vial, electrificación, desarrollo agrícola, agroindustria, y comercio en las regiones y zonas de influencia de la actividad minería.
La Transparencia y la Rendición de Cuentas
· Hacer accesible de manera fácil y permanente-a toda la población y a todas las autoridades regionales y locales- la información sobre:
ü las concesiones mineras, petroleras y gasíferas entregadas en el territorio nacional, incluyendo ubicación, tamaño, dueño, estado de gestión y otra información relevante.
ü los EIA y las EAE, incluyendo su contenido y el contenido de sus evaluaciones tanto como la información sobre las empresas encargadas de hacerlas y los funcionarios encargados de evaluarlas y aprobarlas.
ü los pagos que las empresas hacen el Estado por regalías, impuesto a la renta y otros conceptos, así como la parte de estos recursos que se distribuyen al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, y en qué se gastan.
ü los gastos directos de las empresas en las localidades en donde trabajan.
· Aprobar la Ley de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas que viene discutiendo el Congreso Nacional, para que el gobierno central esté obligado a producir un reporte anual que contenga la información detallada sobre los aspectos arriba mencionados.
El respeto y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia y la soberanía nacional
· Derogar la legislación que criminaliza la protesta social.
· Poner alto a la persecución judicial a los dirigentes sociales y ciudadanos por participar en protestas pacíficas, revertir la utilización de “sedes especiales” judiciales, como las de Ica y Chiclayo para los detenidos en Espinar y Cajamarca, y cortar los juicios y acusaciones que carecen de sustento.
· Sancionar a los responsables directos y políticos de las muertes y las torturas ocurridas durante las protestas sociales.
· Controlar efectivamente las acciones de escucha y seguimiento ilegal que realizan las empresas mineras a través de sus empresas de seguridad privadas.
· Controlar los lobbies que realizan las empresas mineras fuera de la ley en relación a congresistas, medios de comunicación y funcionarios del Poder Ejecutivo.
· Anular la modalidad de contratación de servicios de la policía nacional y el ejército por parte de las empresas mineras para evitar que la fuerza pública termine sometida a los intereses privados, y más bien sirva y proteja a todos los ciudadanos; pago adecuado a los policías y militares para que, además, gocen de descanso en sus horas de franco.
Iniciar el cambio por una nueva minería a paso firme
Es también muy importante, para hablar de una nueva minería en el Perú, reordenar la cadena de toma de decisiones en la gestión del sector minero. Nuestra propuesta es que estas decisiones deben tomarse en el siguiente orden:
· Zonificación Ecológica y Económica
· Ordenamiento Territorial
· Plan Concertado de Desarrollo
· Concesión (contrato de exploración)
· Los EIA y EAE
· Consulta Previa
· Concesión (contrato de explotación)
· Evaluación y fiscalización ambiental
Finalmente, hay que definir qué hacer con las inversiones mineras (30 proyectos por valor de 56 mil millones de dólares) que se vienen. Nuestra propuesta es la siguiente:
· Evaluar con nuevos instrumentos y autoridades los estudios de factibilidad económica, social y ambiental de los proyectos.
· Revertir al estado las concesiones entregadas hace más de 3 años que no hayan sido puestas en valor por los concesionarios.
· Definir una nueva estrategia de concesiones, basadas en licitaciones públicas para la negociación con el Estado de proyectos de exploración y explotación.
· Mientras se defina la nueva política de concesiones suspender el otorgamiento de nuevos derechos mineros.
· Someter a mecanismos de consulta los 25 proyectos en estado de exploración o con EIA en evaluación.
· Revisión independiente por MINAM y Gobiernos Regionales de los EIA de los 10 proyectos con EIA aprobados.
· Revisión independiente por MINAM y Gobiernos Regionales de los EIA de los 10 proyectos con solicitud de ampliación.
Señor Presidente, usted se ha quejado frecuentemente de los agitadores anti mineros que no presentan alternativas. Usted y varios medios de comunicación, los empresarios y sus aliados en la derecha política se han referido en más de una oportunidad a Tierra y Libertad, y a organizaciones gremiales como la Central Unitaria de Trabajadores, como parte de grupos antimineros que solo saben decir NO.
Esta es nuestra respuesta. No somos antimineros. Somos pro vida, pro agua, pro ambiente, pro derechos, pro gente, pro trabajo decente, pro democracia y pro buen vivir. Y por eso mismo estamos en contra de cualquier proyecto que no haya sido evaluado adecuadamente y que no cuente con la licencia social que las propias empresas señalan que se necesita para desarrollar sus actividades. Estamos en contra de los proyectos que dañen irreversiblemente el ambiente, proyectos que se intentan imponer con violencia sobre la gente, como está ocurriendo hoy en nuestra patria.
Claro que tenemos alternativas. Aquí se las presentamos y por supuesto estamos abiertos a que sean evaluadas en procesos abiertos, de diálogo alturado y de cara al pueblo.
No se trata, por supuesto, de una propuesta ya acabada o cerrada. Se trata de una primera propuesta elaborada por la Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad en consulta con nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y la dirigencia nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Con toda seguridad, tendrá que ser enriquecida con el aporte de nuestras propias bases, de los movimientos sociales, de las autoridades locales y regionales, de los expertos independientes, y de las propias empresas que tengan en estima una auténtica responsabilidad social y ambiental, así como por funcionarios del gobierno central. En suma, creemos que en base a un diálogo amplio se puede construir un acuerdo nacional para una gobernabilidad democrática sobre el rol que le compete en una propuesta de desarrollo sostenible a industrias extractivas que explotan recursos no renovables, como es el caso de la minería.
Esperamos poder acceder a la propuesta que viene trabajando la comisión multisectorial liderada por la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente para analizarla, debatirla y aportar a la misma con rigurosidad y responsabilidad. Y esperamos que usted tenga el gesto democrático de convocar a un debate abierto, plural, inclusivo, sobre sus propuestas, las nuestras y las que los diferentes grupos de interés puedan presentar. Cualquier propuesta para una nueva actividad minera no puede ser elaborada entre cuatro paredes ni buscar ser impuesta, a riesgo de no contar con legitimidad y no contribuir a una solución verdadera a los problemas de fondo que plantea esta importante actividad económica del país. En este, así como en otros temas, el país demanda transparencia, respeto, tolerancia y buen gobierno para todos y todas los peruanos y peruanas.
Movimiento Tierra y Libertad
